El juzgado admite una denuncia contra el Ayuntamiento por allanamiento de morada
La sala de Lo Penal número 1 inicia el procedimiento al considerar de que existen indicios de que pudiese haberse vulnerado la ley en la entrada de personal municipal a una vivienda de Roche en el año 2022, a la que cambiaron la cerradura.
“Un día, sin más, se metieron en mi casa, causándole daños y cambiándole la cerradura”. Así resume Joaquín Vilar la base de la denuncia que presentó por allanamiento de morada contra el Ayuntamiento de La Unión y que ahora el juzgado de Lo Penal número 1 ha admitido, con lo que se inicia el auténtico camino penal hasta su resolución en uno u otro sentido.
Por lo que podemos conocer, cuando le preguntamos a Joaquín Vilar porqué pudo haberse producido esa entrada, hay un asunto anterior sobre si existe o no invasión de la calzada pública por parte de la vivienda, asunto que se encuentra en el juzgado de Lo Contencioso-Administrativo de Cartagena con recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por el abogado de Vilar contra la sentencia emitida. Es otra historia, que resolverán los tribunales, pero ha tenido su relación con este asunto, pues, posiblemente, desde el consistorio se entendió que al ser firme la sentencia de derribo, pese a estar recurrida, podían entrar en el domicilio sin la correspondiente orden judicial. “El día 12 de un mes (hace casi un año) recibí un comunicado de que el día 8 iban a entrar en mi casa para efectuar catas previas al derribo de la vivienda. Me extrañó al estar el proceso judicial aún abierto, pero, al ver que había pasado la fecha, pensé que ya no vendrían hasta esa nueva sentencia. Sin embargo, días más tarde, me llevo la sorpresa al llegar de que hay un cartel en la puerta del garaje en el que se indica que han cambiado la cerradura y que puedo pasarme por el cuartel de la Policía Local de 9 a 15 horas para recoger las llaves. Además de entrar a la fuerza rompiendo la cerradura, han causado daños a la vivienda con las catas en diversas paredes”, expone Joaquín Vilar, quien reconoce que, muy cabreado, fue al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia, que después se transformó en la definitiva preparada por un abogado, la cual se presentó, por vía penal, en el Decanato del Partido Judicial de Cartagena, que es la que ahora se ha admitido a trámite por tener indicios de que pudiese existir una ilegalidad en el proceder municipal. 
“Es el juzgado el que tiene que dar el poder definitivo para entrar en un domicilio y el Ayuntamiento de La Unión actuó sin esa premisa, una orden de derribo firme”, proclama, apuntando que ha querido no hacer público este tema hasta que se pronunciase el estamento judicial sobre si lo archivaba o iniciaba el procedimiento. También hace hincapié en que el propietario de un domicilio, en estos casos, debe saber exactamente cuándo van a venir para retirar sus enseres personales, entre otras acciones, “y no sucedió así”, remarca.
Vilar indica que él se crió en esa misma calle (nació en un inmueble próximo) de Roche y que esa era su vivienda principal desde hacía varios lustros. Sin embargo, ahora ha optado por cambiar de residencia. “No estoy tranquilo con el cambio de cerradura, con que vuelvan a entrar de forma ilegal, ni con los daños ocasionados a la vivienda, como una gran raja que han generado en una de las paredes. Ahora estamos en una casa de alquiler”, indica a este diario. Como es evidente, en su demanda reclama que el Ayuntamiento de La Unión pague los daños ocasionados a la vivienda, el alquiler de la nueva residencia y una indemnización por daños morales ocasionados.
La Unión de Hoy ha tratado de recabar también la versión del Ayuntamiento de La Unión, desde donde se prefiere esperar a que salga la sentencia judicial.
